El Cumplimiento de Obligaciones Laborales
Para negocios, tanto autónomos como empresas, se ha vuelto más complejo con hasta diez nuevos requisitos. Estas obligaciones abarcan aspectos como conciliación e igualdad, y su implementación es crucial para evitar sanciones cuantiosas.
Las constantes modificaciones legislativas en los últimos años han aumentado las responsabilidades laborales para autónomos y empresas. Según expertos en temas laborales, miles de negocios deben mantener actualizados hasta diez registros o protocolos esenciales para evitar sanciones considerables.
Las últimas incorporaciones a esta lista incluyen el Canal de denuncias y la activación del Protocolo contra el acoso LGTBI para empresas de más de 50 trabajadores, que debe estar implementado en las empresas a partir del próximo 2 de marzo. No cumplir con estas normativas podría resultar en multas significativas. Empresas que cometan infracciones muy graves podrían enfrentar sanciones de hasta 300,000 euros, y aquellas que no implementen medidas contra la violencia LGTBI podrían ser multadas con montos que oscilan entre 10,001 y 150,000 euros en situaciones severas.
Además, según abogados laboralistas, el registro retributivo, el Plan de Igualdad y el derecho a la desconexión digital son obligaciones esenciales que las empresas deben recordar para una gestión adecuada.
Medidas contra el Acoso Laboral
Este requisito, indirectamente recogido en el Estatuto de los Trabajadores, se detalla en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Las empresas y autónomos deben establecer medidas que minimicen y erradiquen cualquier forma de acoso en el ámbito laboral, independientemente de su tamaño. No cumplir con esta obligación puede resultar en multas de hasta 225,018 euros.
Registro Retributivo
Obligatorio para todas las empresas, no solo aquellas con más de 50 trabajadores, este registro debe realizarse anualmente para garantizar la transparencia en la información retributiva. Las sanciones por no realizarlo van desde 6,250 euros hasta 187,515 euros si se confirma una desigualdad.
Registro de Jornada
Establecido por el Real Decreto-ley 8/2019, todas las personas trabajadoras deben llevar un registro diario de su jornada. Las sanciones por no cumplir con este requisito van desde 60 hasta 187,515 euros.
Prevención de Riesgos Laborales
La gestión de riesgos derivados de cada puesto de trabajo, incluyendo los psicosociales, es una obligación según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Las sanciones pueden llegar hasta 819,000 euros.
Acuerdos de Trabajo a Distancia
Empresas que presten servicios mediante teletrabajo deben formalizar por escrito los acuerdos de trabajo a distancia. La falta de formalización puede resultar en sanciones muy graves que van desde 7,500 euros hasta 225,000 euros.
Protocolo de Desconexión Digital
Todas las empresas, independientemente de su tamaño, deben tener un procedimiento de desconexión digital para garantizar este derecho a los trabajadores. Las multas por incumplimiento van desde 751 hasta 7,500 euros.
Ley de Protección de Datos (LOPD)
Empresas y autónomos que utilicen datos personales deben adaptar sus procedimientos, documentación e instalaciones a la LOPD. Las sanciones por no cumplir con la LOPD van desde 40,000 euros hasta 20 millones de euros o el 4% de la facturación anual.
Canal de Denuncias en los Negocios
Según la Ley 2/2023, desde 2023, empresas de más de 50 trabajadores deben contar con un canal de denuncias seguro para empleados y cualquier persona que haya mantenido alguna relación laboral o comercial con la empresa. Las multas por infracciones oscilan entre 1,001 y 300,000 euros, llegando hasta un millón de euros en casos extremos.
Protocolos contra la Violencia LGTBI
Empresas con más de 50 trabajadores deben incluir medidas y recursos específicos contra la violencia hacia el colectivo LGTBI en sus protocolos de actuación contra el acoso. Las multas por no implementar estas medidas pueden ir de 200 a 150,000 euros.
Plan de Igualdad
Empresas con más de 50 empleados deben contar con un Plan de Igualdad. La falta de este plan puede resultar en la imposibilidad de contratar con la Administración y otras entidades del sector público. Las multas por no tener un plan pueden ir desde 7,500 hasta 225,000 euros.
Fuente de la noticia: autonomosyemprendedor.es